Pena de Muerte

La pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana o degradante.

La pena de muerte constituye una violación del derecho a la vida.

La pena de muerte es irreversible y entraña el riesgo de que se ejecute a inocentes.

No se ha podido demostrar nunca que la pena de muerte tenga mayor efecto disuasorio frente a la delincuencia que otros castigos.

El aborto es una pena de muerte aplicada a un inocente.

La pena de muerte viola dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes, ambos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en otros instrumentos sobre la materia regionales e internacionales, así como en leyes y constituciones nacionales. La crueldad de la pena de muerte queda de manifiesto no sólo en la ejecución en sí, sino además en el tiempo que permanece el preso en espera de la ejecución, pensando constantemente en la inminencia de su propia muerte. Alcanza también a sus familiares, a los funcionarios encargados de su custodia y a los encargados de realizar la ejecución. De acuerdo con los informes del Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, así como de diversas organizaciones no gubernamentales, los presos son en muchos casos condenados en juicios que no cumplen con las normas internacionales relativas a los juicios con debidas garantías. Con frecuencia, la pena de muerte se aplica desproporcionadamente a miembros de grupos sociales desfavorecidos, lo cual contradice los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Desde 1997, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado cada año una resolución instando a los países que no han abolido la pena de muerte a que suspendan las ejecuciones. La última resolución, aprobada en abril de 2004, fue copatrocinada por 76 Estados miembros de la ONU, uno más que en 2003 y el mayor número hasta la fecha. En la actualidad EEUU representa, después de la República Popular China, el país que impone a nivel estatal y federal más condenas a muertes del mundo civilizado. De hecho 38 de los 50 estados mantienen la pena capital en su constitución, siendo Texas el que lidera la posición.
El ritmo de la abolición se aceleró desde la segunda mitad del siglo XX. A principios del siglo, sólo tres Estados -Costa Rica, San Marino y Venezuela- habían abolido la pena de muerte. Hoy, 63 países la han abolido para todos los delitos. 16 la han limitado a los delitos excepcionales. Veinticuatro la han abolido de hecho, al no haber llevado a cabo ninguna ejecución en los últimos quince años. En total, 103 países han abolido la pena de muerte. Muchos aún la conservan por distintas razones, pero el avance de la lucha por la defensa de los Derechos Humanos fundamentales sigue.
La pena de muerte no rige en Chile desde 2001

Estoy en contra de la pena de muerte y con motivo de la sentencia dictada por un tribunal iraquí, condenando a la horca a su ex gobernante Sadam Hussein, he leído en varios blogs un regocijo en cuanto a que el ex dictador iraquí está recibiendo su merecido y celebran su sentencia de muerte. Me parece una hipocresía inaceptable que, al mismo tiempo que muchos están a favor de la pena de muerte (los que están a favor de ejecutar a Hussein), rechazan de plano el aborto, otro caso de violencia, de pena de muerte aplicada a un inocente. Seamos consecuentes entonces y no veamos la pena de muerte como algo justo, solamente por que ahora le tocó a Hussein. ¿o ustedes creen que yo cambiaría mi parecer si el candidato a la horca fuera nuestro tirano?

Monseñor Francisco Javier Errázuriz dijo: "hay que pensar en el valor de la vida humana tanto del que fue víctima como del agresor. Hay que pensar si la sociedad tiene el derecho de quitarle la vida a alguien y si lo tiene, en qué condiciones". Asimismo, señalo que dada la gravedad del tema "tiene que haber una reflexión muy serena y a esa reflexión quisimos aportar lo que piensa el Catecismo".

Foto Cardenal chileno Francisco Javier Errázuriz

fuentes 6 y 7

¿Despenalizar el Aborto?

Los diputados Marco Enríquez Ominami (PS) y René Alinco (PPD) ingresaron reservadamente una moción parlamentaria que despenaliza el aborto. La iniciativa divide a la Concertación y no cuenta con el respaldo de La Moneda.
La iniciativa modifica el Código Penal y apunta a liberar de responsabilidad penal a la mujer, “cuando el aborto se practicare con su consentimiento y dentro de las 12 semanas siguientes de la concepción”, estableciendo, además, que si tratare de una menor o incapaz deberá contar con autorización de su representante.
El proyecto establece que “no será punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer”, si se practica dentro del citado plazo o cuando se ha realizado con el objeto de proteger la vida o salud física o psíquica-social de la madre y cuando el embarazo es producto de una violación.
Mientras ustedes leen esto hay muchas mujeres que están pensando en dónde recibir atención médica para interrumpir un embarazo no deseado. Hablar de aborto en Chile es abordar un tema silenciado, censurado y penalizado con condenas que pueden ir de tres a cinco años de presidio.
Organizaciones dedicadas a la promoción y estudio de derechos sexuales y reproductivos afirman que en Chile se practican alrededor de 160.000 abortos anuales y que sus complicaciones derivadas provocaron la cuarta parte de las muertes maternas en el 2000, ubicando el aborto como la primera causa de mortalidad materna en Chile. En el año 2004, el sistema público atendió 13 abortos por cada 100 partos. El aborto inseguro provocó el 13% de las muertes maternas en el 2003. La ilegalidad del aborto afecta principalmente a las mujeres pobres, que pagan con su vida la negativa a discutir este problema.
La iglesia católica se manifiesta en contra de cualquier iniciativa que hable de esto, al igual que los sectores más conservadores de la política chilena. No obstante una encuesta de Adimark publicada en octubre de 2005 reveló que el 41% de los católicos piensa que el aborto debe ser legal y que se trata de una decisión personal.
De los 25 países que están representados en el Parlamento Europeo, 19 autorizan el aborto ya sea por simple demanda o por razones sociales. Hay cinco que lo permiten por razones médicas o por violación y tan sólo uno, Malta, que como Chile, penaliza la interrupción del embarazo.
La situación en el mundo ha sido una evolución hacia una toma de conciencia de una realidad que existe. Yo no estoy ni en contra ni a favor del aborto, pero esta es una realidad y en Chile no podemos seguir cerrando los ojos ante esta realidad. Lo importante es qué posibilidad se les da a las mujeres de ser ellas responsables de una maternidad. En Chile no se les está dando la oportunidad de poder tener un hijo o no poder tenerlo. La realidad chilena no es muy distinta a otros países del mundo, pero en otros países se ha dado una respuesta.
Existe además un problema de justicia social, pues una mujer que tiene un embarazo no deseado y tiene mucho dinero, tiene formas de hacerlo ilegalmente bajo condiciones seguras. Una mujer pobre o de clase media está expuesta a otro tipo de riesgos cuando se realiza el mismo procedimiento. No podemos negar esta realidad también.
El aborto terapéutico, es decir con fines médicos, estuvo permitido en nuestro país desde 1931, hasta que en 1989 la dictadura lo penalizó.
Ya se oyó al cardenal Errázuriz y a la DC oponerse enérgicamente a este proyecto. El gobierno de seguro se desmarcará por que esto no está en su programa. ¿Entonces como enfrentamos este problema?, ¿quién responde por todas esas muertes clandestinas?. No se trata de estar a favor o en contra, y pienso que el estado tiene el deber de impulsar la discusión legislativa sobre el aborto, por ser un problema de salud pública, de inequidad social y de género, y sobretodo, un problema no resuelto de derechos humanos.

fuentes 3, 4 y 5

Corrupción: ¿Alternancia del Poder la Solución?

Chile es, junto a Uruguay, el país latinoamericano que presenta el mejor Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, con una nota superior a 7, en una escala de 0 a 10. Nuestro país ocupa el lugar 21. Sin embargo tan contundente estadística contrasta con el mayor escándalo de corrupción que azota a nuestro país, que es lo de las platas de ChileDeportes, escándalo que vale la aclaración, no tiene nada que ver el actual gobierno de Michelle Bachelet. Justamente instituciones que deben trabajar políticas sociales o que tienen que ver con el bienestar general de la población están en la mira de todos los chilenos.
La derecha no ha perdido su oportunidad de sacar ventajas políticas de todo esto. Recordemos lo sucedido en plena campaña presidencial, cuando la estrategia estuvo dirigida a combatir la corrupción vigente, olvidando intencionadamente que es la derecha la que también practicó descaradamente este vicio durante los 17 años de la dictadura, lo que enriqueció a muchos de sus dirigentes, empezando por la familia Pinochet y por quienes compraron a precios subvaluados las empresas estatales que privatizaron.
La derecha apostó erróneamente a atacar a la actual mandataria con los escándalos del MOPT, con el caso Gescam, con CODELCO y con golpes efectistas como el procesamiento del ex jefe de Gabinete de Lagos cuando éste era Ministro de Obras Públicas. Sus objetivos específicos eran dos: desprestigiar a la Sra. Bachelet, exhibiéndola como representante de un gobierno corrupto, y crear las bases para la privatización de CODELCO, aspiración muy sentida de la derecha económica, que no puede soportar que las ganancias de esta actividad vayan al Estado y no a sus bolsillos.
Denunciar la corrupción constituye un deber ciudadano, pero parece que la ciudadanía no lo ve como el arma para definir una contienda electoral en la que ambos contendientes tienen pecados similares en este nivel. Recordemos lo que ha pasado recientemente en Brasil, donde Lula fue reelegido con una gran votación pese a los escándalos de corrupción. El pueblo entiende que estos hechos son aislados, entiende que muchas de las críticas y denuncias hay doble intención, sacar la ventaja esporádica, y eso es repudiable.
Se escucha decir majaderamente a la derecha que la corrupción es producto de los largos 16 años de gobiernos de la Concertación, olvidando los 17 que tuvieron ellos al lado de Pinochet, y desarrollan la idea de que la alternancia del poder es una necesidad política ineludible.
Un argumento que ha usado es que si el mismo gobierno sigue en el poder por mucho tiempo se desarrolla la corrupción y ponen como ejemplo el caso del PRI en México. Estos mitos que la derecha impone al colectivo nacional son expresiones de un irracionalismo infantil. Buscan convencer de que esos mitos son realidades y leyes sociales que obligatoriamente se repiten.
Su absurdo se puede demostrar con los siguientes ejemplos: Margaret Thatcher estuvo en el gobierno más de una década y nunca hemos visto a algún derechista que critique su gobierno; al contrario, ha sido el ejemplo a seguir. Numerosos gobiernos europeos en el siglo pasado permanecieron en el poder por más de 20 años: los conservadores ingleses así lo hicieron y el modelo de Pinochet y de la derecha chilena fue el gobierno de Francisco Franco que duró más de 40 años. Otro ejemplo más directo y cercano es la dictadura de Pinochet: duró 17 años y la derecha siempre la alabó porque hizo cambios trascendentales y nunca algún derechista le enrostró la necesidad de la alternancia; al contrario lo apoyaron para que siguiera gobernando incluso con el plebiscito.
En estas circunstancias parece que la ley de que todo gobierno que se mantiene en el poder largo tiempo se corrompe, es una ley que debe interpretarse como que todo gobierno que no sea derechista que se mantiene en el poder se corrompe, lo que es un absurdo que ni la derecha más descarada ha sido capaz de plantear.
Es evidente que hay gobiernos como el del PRI o el de Pinochet que se corrompieron en el poder y que un factor pudo ser su control por mucho tiempo de este poder, pero hay otros casos que mantuvieron el poder largo tiempo, como los conservadores en el Reino Unido o los socialdemócratas en Suecia y la corrupción no prosperó.
Esta feble ciencia política que inventa la derecha para combatir a la Concertación no tiene ningún asidero, lo que no significa creer que los gobiernos de la Concertación han sido probos. Lo que ocurre es que la Derecha no puede plantear un modelo y una estrategia distinta, en ese aspecto medular son casi idénticos con la Concertación. Por esta razón no pueden hacer planteamientos diferentes en las materias sustanciales.
En efecto, critican a la Concertación por la corrupción vigente, pero no mencionan los niveles de corrupción de su gobierno, debido a lo cual no son visualizados por la gente como una alternativa. Acusan a la Concertación de que no hay alternancia, pero el gobierno de Pinochet no sólo rechazó la alternancia sino que quiso seguir indefinidamente en el poder. En resumen la derecha critica a la Concertación porque hace lo mismo que ella hizo: su lema podría ser “No hagas lo que yo hago”.
Pero insisto, éstos no son los aspectos medulares, lo central es el tipo de sociedad que se construye y los principios que la inspiran y en esto la derecha y la Concertación tienen el mismo dios: el neoliberalismo. Por eso no pueden presentar ideas distintas y deben limitarse a estos aspectos secundarios.
El destacado empresario alemán Horst Paulmann, radicado en Chile, al recibir el premio de Empresario del Año, resumió el sentir de la derecha económica. En plenas elecciones presidenciales dijo: “El desempeño de la Concertación ha sido muy bueno en estos tres últimos gobiernos, pero igual como debe ocurrir en las empresas, lo mejor sería que esta vez hubiera un cambio de mano”.
La “teoría” de la alternancia tiene pues un origen empresarial. Pero la evidencia es que en la empresa nadie suelta el poder y todos buscan más poder. Al preguntarle a Paulmann, que tiene 70 años, si pensaba abandonar sus actividades empresariales contestó, contradiciendo la teoría de la alternancia: “Hay Paulmann para rato” (El Mercurio 02-08-05)
La relación entre poder y corrupción ya fue destacada por Lord Acton, quien decía “el poder corrompe” y el poder absoluto corrompe absolutamente, de manera que el arma eficaz para combatir la corrupción no es la alternancia, sino que la democracia, que brinde transparencia y genere mecanismos eficientes de control social.
Cuestionar a un gobierno por mantenerse en el poder corto o largo tiempo es irrelevante. Lo que interesa es que ese gobierno siempre se elija y reelija por medios democráticos, como ha sido el caso de los gobiernos de la Concertación y que a la derecha le duele tanto.

fuentes: 1 - 2